Panel de alto nivel impulsa finanzas verdes como medida de adaptación al cambio climático en Ecuador

  • 50 personas de instituciones públicas, cooperación internacional y del sector financiero y seguros participaron del evento ”Microfinanzas y adaptación al cambio climático”.

 21 de abril de 2023. Las finanzas verdes constituyen una forma de financiamiento que ayuda a mitigar y crear resiliencia frente a los efectos ambientales y sociales provocados por el cambio climático, es por ello que el Programa Escalando Medidas de Adaptación basada en Ecosistemas en áreas rurales de América Latina​ (EbA LAC) en conjunto con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) de Ecuador realizaron el panel ”Importancia de las microfinanzas en la gestión de riesgos climáticos y en la construcción de resiliencia”.

Dicho panel se realizó en el marco de celebración del Día Internacional de la Tierra, el cual tuvo por tema para este 2023 "Invierte en nuestro planeta", para posicionar la importancia de las microfinanzas en la gestión de la adaptación al cambio climático entre actores nacionales clave que promueven la construcción de resiliencia climática con las comunidades y los ecosistemas hacia una producción más sostenible en el sector agropecuario.

En el panel participaron Christiane Danne, de la dirección ejecutiva de GIZ en Ecuador, David Betolaza, director ejecutivo del Banco de Desarrollo Alemán KFW, Jessenia Cazco, gerente de innovación y desarrollo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS), Margarita Hernández, superintendente de economía popular y solidaria (SEPS) y Diego Quishpe, director de adaptación al cambio climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

“No hay inclusión económica sin inclusión financiera, y no hay inclusión financiera sin educación financiera, y ninguno de los tres funciona si no es sostenible y la sostenibilidad no solo tiene que ver con el punto de equilibrio financiero sino con la posibilidad de que tengamos una conciencia cierta de que esto es viable en el largo plazo”, indicó Margarita Hernández, superintendente de economía popular y solidaria (SEPS).

Según el Plan Nacional de Adaptación (PNA), las proyecciones para Ecuador indican que entre 2020-2050 se prevén alteraciones del clima que influirán principalmente en la variación de la temperatura superficial del mar, pérdida de biodiversidad, cambios espaciales y temporales de las lluvias, incremento de las áreas inundables, intensificación de las sequias, disminución de la cantidad y calidad del agua, propagación de enfermedades como malaria y dengue que, eventualmente, se traducirán en pérdidas de bienestar de la población y de los servicios ecosistémicos.

Cabe destacar que, particularmente en el sector rural, se enfrentan a limitaciones de calidad, productividad e innovación, por lo que es vital garantizar la seguridad alimentaria de la población, preservar el patrimonio hídrico y el patrimonio natural, elementos que constituyen la política nacional de adaptación al cambio climático de Ecuador.

Asimismo, se resaltó como elemento clave para los objetivos climáticos del país, que los actores financieros que mayor profundización financiera tienen en las áreas rurales, como en este caso son las organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS), administren y gestionen de forma efectiva los riesgos ambientales y sociales asociados con el cambio climático, además de dinamizar la oferta de productos financieros de cambio climático, sostenibles y/o verdes que motiven la adopción de prácticas respetuosas con el planeta.  

El programa EbA LAC es financiado por el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores (BMUV) a través de su Iniciativa Climática Internacional (IKI) y es implementado por la Cooperación Alemana para el Desarrollo -GIZ- como agencia líder, en asocio con la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) en tres países: Ecuador, Guatemala y Costa Rica. En Ecuador, se implementa en estrecha coordinación con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

 


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